Ya lo sabemos: México es país privilegiado por la diversidad y riqueza de sus ecosistemas, y por su belleza paisajística. También, sabemos que tiene un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ANP) que abarca 58 Parques Nacionales, Reservas de la Biósfera y otras categorías, aunque su cobertura como porcentaje del territorio nacional es bastante limitada (sólo 12%). Pero México no ha sido capaz de traducir este invaluable capital natural en un motor de desarrollo económico regional y de generación de empleo en el campo. Contrasta tristemente con modelos exitosos de conservación en ANP y desarrollo turístico que han logrado países como Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Panamá, Canadá, Ecuador, y muchos más, en donde sus Parques Nacionales reciben millones de visitantes anuales nacionales y extranjeros, producen un enorme caudal de ingresos y divisas, y ofrecen trabajo y múltiples oportunidades a empresas locales en bienes y servicios turísticos.
Los Parques Nacionales de Estados Unidos (Yellowstone, Yosemite, y numerosos más) reciben casi 300 millones de visitas cada año, generan 260 mil empleos anuales en promedio, y contribuyen a la economía de ese país con 132 mil millones de dólares. En Costa Rica, los Parques Nacionales (Braulio Carrillo, Guanacaste, y Santa Rosa entre muchos) representan ingresos de 1,500 millones de dólares cada año, y más del 5% del PIB nacional. Otro ejemplo es Chile, donde sus Parques Nacionales (Torres del Paine, O´Higgins, etcétera) atraen a más de 2 millones de turistas al año y participan con el 5% del ingreso total de divisas. En México, nada de eso es relevante. ¿Por qué?
Primero, porque la propiedad de la tierra en nuestras ANP es eminentemente privada (ejidal, comunal, individual); no es propiedad pública, como en los países civilizados. Por lo tanto, no son accesibles para los ciudadanos. Sus propietarios los destinan a explotaciones agropecuarias o forestales, no hay vigilancia, ni equipamiento, ni infraestructura adecuada, y están asoladas recurrentemente por la ilegalidad y la delincuencia. (Recordemos que el Estado en México dilapidó todo su patrimonio territorial durante la Reforma Agraria del siglo XX). También, la respuesta puede encontrarse en la ausencia notable de un sentido de lo público en el mundo rural mexicano. El interés público no ha tenido cabida en nuestra concepción del campo; ya que fue desplazado por la implantación de supuestas arcadias campesinas de propiedad colectiva, o por inquietudes legítimas (o no) sobre una pobreza al parecer imbatible. Al campo le seguimos atribuyendo en exclusiva funciones primitivas de proveedor de alimentos y materias primas comobienes privados, no de los indispensables bienes públicos que exige el siglo XXI. En buena medida, nos resignamos a sobrellevarlo como costal sin fondo para rentas y subsidios, motivados por culpas históricas o por el chantaje de grupos de presión. Al campo sólo lo captamos a través de la lente agropecuaria y a veces forestal, no como generador de nuevas oportunidades de desarrollo económico que ofrece la deslumbrante riqueza ecosistémica del territorio nacional. Lo percibimos en su dimensión privada (propiedad privada, productos y bienes privados), no como crisol de un patrimonio esencial de todos los mexicanos actuales y de las generaciones futuras, y que debe pertenecernosa todos a través de la propiedad pública de la tierra en nuestras Áreas Naturales Protegidas.
La tierra no sólo debe ser de quien la trabaja y explota, también de quien la ama, conserva, observa, estudia, disfruta y admira, y de quien recibe sus servicios ecológicos. Es preciso que el Estado recupere un patrimonio territorial en nuestras ANP para su conservación a perpetuidad, y para promover una nueva visión del desarrollo centrada en los bienes públicos que ofrece la alucinante naturaleza mexicana.