Con frecuencia, analistas y funcionarios ponderan la vocación forestal de México y promueven el aprovechamiento comercial de bosques como vehículo de conservación. Para conservar, hay que aprovechar. La biodiversidad de nuestro país debe ser usada de manera sostenible. Sólo la producción y el manejo de recursos naturales permite protegerlos y al mismo tiempo reducir la pobreza de sus dueños (ejidatarios y comuneros).
Bien, parece difícil negar los apotegmas anteriores si la teoría económica indica que bajo derechos de propiedad bien definidos y protegidos, una conducta racional de maximización inter-temporal de beneficios o rentas conduciría a una explotación parsimoniosa y sostenible de recursos naturales valiosos y renovables. (Ojo, aunque sólo si las tasas de renovación natural del recurso superan a las tasas de descuento o a las tasas de interés de mercado). Más aún, si los propietarios son comunidades virtuosas que crean las condiciones institucionales de gestión colectiva de recursos comunes identificadas por la Premio Nobel Elinor Ostrom, y evitan así la tragedia de Garret Hardin (The Tragedy of the Commons).
Pero la realidad y la lógica lo contradicen. Una visión productivista de apropiación de bienes privados derivados de la explotación de bosques como instrumento de conservación puede ser consecuente en algunos casos y circunstancias; no, como estrategia dominante en el territorio nacional.
Los ecosistemas forestales son importantes (diríamos vitales) cada vez más por los bienes públicos que generan (biodiversidad, paisaje, captura y almacenamiento de carbono, servicios hidrológicos y muchos más); y cada vez menos, por los bienes privados que se les asocian (maderables, pulpa para celulosa, aglomerados, leña). Es decir, valen mucho más por sí mismos (valor de existencia, de opción, e indirecto) que por sus atributos utilitarios (valores de uso directo). En cualquier caso, la producción forestal en bosques naturales alcanzó un máximo en los años ochenta del siglo XX en el mundo, y ahora es sustituida crecientemente por plantaciones tanto en los trópicos como en zonas templadas.
En México sólo una proporción mínima de nuestros ecosistemas forestales es apta para generar valor privado suficiente. Veamos. Tenemos alrededor de 110 millones de hectáreas (MH) forestales, es decir, ocupadas por bosques templados, selvas y desiertos. Aproximadamente 60 MH son desiertos, 25 MH son selvas bajas y medianas (las selvas altas o bosques tropicales húmedos han sido casi exterminados y el remanente ha sido decretado en gran parte como Áreas Naturales Protegidas), y 25 MH son bosques templados (pinos, encinos y otras especies latifoliadas). Los matorrales y cactáceas de los desiertos carecen de valor comercial relevante. Lo mismo las selvas bajas y medianas por su gran heterogeneidad de especies, árboles bajos, de fuste corto y muy ramificados desde la base, lento crecimiento y diámetro reducido. De los bosques templados, probablemente más de la mitad están en zonas poco accesibles con elevados costos de extracción, han sido degradados y/o son propiedad de ejidos y comunidades donde es muy difícil emprender colectivamente actividades productivas eficientes y competitivas. En este escenario, tal vez sólo una proporción cercana al 10% de la superficie ocupada por ecosistemas forestales tenga vocación comercial. Esto, suponiendo que produjesen en condiciones de costo y precio capaces de hacer frente a plantaciones comerciales y a madera importada. Una plantación produce muchos más metros cúbicos de madera al año, que un bosque natural manejado en forma sostenible.
Sin descartar opciones de viabilidad localizada (explotación forestal comercial, maderas de nicho, turismo y recreación), no cabe duda que la conservación de ecosistemas forestales en México es esencialmente un problema de bienes públicos, lo que implica en lo fundamental desarrollar plenamente instrumentos de política como Áreas Naturales Protegidas, diversos tipos de contratos de conservación con los propietarios, y compras de tierras y servidumbres.