Energías Renovables, retos después de la Reforma

Quedó atrás en el sector energético toda una era de catecismo monopólico, de ineficiencias insondables y de injustificable exclusión de los particulares. El monopolio ataba un pesado grillete a las Energías Renovables (ER) que ha sido roto por la Reforma. Ahora toca diseñar instrumentos eficientes para su desarrollo pleno y para desvanecer nuestra dependencia insostenible a los combustibles fósiles en la generación de electricidad. El reto es construir de manera expedita el marco regulatorio y procedimental para la Transición Energética, y asegurar la difusión de las ER con base en su competitividad real.

En la nueva Ley de la Industria Eléctrica destacan como instrumento explícito para promover a las ER los Certificados de Energías Limpias. Recordemos que en principio, son varios los instrumentos de política posibles  para ello. Uno son las cuotas obligatorias de ER, que en diferentes modalidades pueden llamarse portafolio estándar o portafolio de renovables, o bien, como ahora en México, Certificados de Energía Limpia (CEL). Se trata de porcentajes o volúmenes de energía renovable obligatorios para generadores, suministradores o grandes usuarios (usuarios calificados), los cuales se acreditan con títulos expedidos por la autoridad y pueden comercializarse en un mercado secundario. Otro instrumento son los subsidios directos del presupuesto gubernamental (como en España) o cruzados entre consumidores y productores (como en Alemania) que pueden adoptar la forma de primas por KWH (feed in tariff).  Un instrumento adicional sería un  impuesto al carbono (carbon tax) que ponga en clara ventaja competitiva a las ER, y también, créditos fiscales o depreciación acelerada para las inversiones en ER (vigente en México). Si uno analiza rápidamente las opciones existentes es fácil darse cuenta que en nuestro país el instrumento más viable y de mayor alcance en la actualidad son los CEL.

No está claro si habrá una nueva Ley de Transición Energética o sólo instrumentos administrativos o normativos de expedición y operación  de los CEL, que estarían a cargo de SENER y de la CRE. Interesante será ver cómo se van a vincular la expedición y operación de los CEL con la meta de 35% de energías limpias para el 2024 asumida por la Ley de Cambio Climático. ¿Se expedirán los CEL a los generadores con energías renovables (o limpias) y estos los venderán a suministradores y a usuarios calificados? ¿SENER o CRE exigirán que todos exhiban los CEL que acrediten el cumplimiento de las obligaciones? ¿Cómo se aplicarán sanciones por incumplimiento?  La arquitectura regulatoria y procedimental que nos espera no es sencilla en virtud de las grandes diferencias tecnológicas y de costo que se observan en distintos sectores (no podrá exigírsele lo mismo a la industria automotriz o electrónica, que a la industria cementera o siderúrgica, o para el caso, a los gobiernos municipales). ¿Cuál será el papel de las licitaciones que lleve a cabo la CFE para proyectos de ER, y en qué condiciones de precio?

¿Cómo se aplicarán sanciones por incumplimiento?  La arquitectura regulatoria y procedimental que nos espera no es sencilla en virtud de las grandes diferencias tecnológicas y de costo que se observan en distintos sectores (no podrá exigírsele lo mismo a la industria automotriz o electrónica, que a la industria cementera o siderúrgica, o para el caso, a los gobiernos municipales). ¿Cuál será el papel de las licitaciones que lleve a cabo la CFE para proyectos de ER, y en qué condiciones de precio?

En cualquier circunstancia las reglas deberán ajustarse a la competitividad de las ER con respecto al gas natural, que será su rival más significativo, así como a la evolución de las tarifas eléctricas. Los subsidios también determinarán la dinámica de penetración de las ER especialmente en el sector doméstico como consumidor final. Una lógica de sustentabilidad, eficiencia y racionalidad para las finanzas pública llevaría a transformar los subsidios actuales en inversión en sistemas solares fotovoltaicos para usuarios domésticos, lo cual redundaría en una importante disminución en la factura eléctrica para los hogares, en grandes ahorros fiscales, en una red más eficiente gracias a generación distribuida, y en menores emisiones de gases de efecto invernadero. Veremos qué tipo de camino se escoge y con qué seriedad se aborda.

No está claro si habrá una nueva Ley de Transición Energética o sólo instrumentos administrativos o normativos de expedición y operación de los Certificados de Energía Limpia.

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