Intereses particulares (aunque puedan ser legítimos y atendibles) no deben anteponerse al interés nacional ni a la Constitución o a la ley, tampoco a los compromisos de México ante la comunidad internacional para hacer frente al mayor desafío que enfrenta la humanidad en el siglo XXI: el Cambio Climático.
Veamos. La Ley de Transición Energética es consecuencia de la Reforma Energética, expresamente, del mandato establecido en el Artículo 25 Constitucional y en el Artículo 17 Transitorio, al igual que de la Ley de la Industria Eléctrica reglamentaria de la Reforma. En estos mandatos se establecen obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones para los participantes en la industria eléctrica. Por otro lado, México ha hecho (y se le han exigido, como noveno país emisor en el mundo, con emisiones per cápita superiores a naciones con un nivel de desarrollo similar) compromisos serios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero – entre un 22% y 40% – por debajo del escenario tendencial al 2030. Las contribuciones señaladas serán cada vez más una palanca clave en la diplomacia y política exterior de nuestro país. La declaración del Presidente Peña Nieto en días pasados en París, ante el Presidente de Francia Francois Hollande lo subraya. Como país de creciente relevancia económica, política y climática, México jugará un papel significativo en la próxima Cumbre (COP 21) que tendrá lugar en la capital francesa en diciembre de este mismo año. Ahí se espera la concreción de un acuerdo internacional vinculante de reducción de emisiones. Estará en juego el prestigio de México y su credibilidad como potencia emergente responsable y seria, cosas que pueden quedar seriamente empañadas si el Senado no aprueba a la brevedad en los términos aprobados por la Cámara de Diputados, la Ley de Transición Energética.
Esta Ley es un medio estratégico para varios fines vitales: soberanía energética; diversificación de fuentes de energía; aprovechamiento de enormes ventajas fisiográficas del territorio nacional; minimizar riesgos y volatilidad, y ofrecer menores precios a los consumidores; desarrollar un nuevo y pujante sector de la mano de avances tecnológicos; generar empleos y nuevas cadenas productivas, y ganar productividad y competitividad; y desde luego, permitir una participación consecuente de México en los esfuerzos multilaterales en contra del calentamiento global. El sector eléctrico mexicano es responsable del 22% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país (segundo, detrás de los vehículos automotores). Tengamos en cuenta que México cuenta con un potencial identificado de generación de 57 GW (Gigawatts) con fuentes limpias (solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, principalmente), equivalente al 85% del total que existe actualmente en el país. Permitirá alcanzar un 35% de generación de electricidad con energías limpias al 2024, lo que significará la producción de 153 TWH (Terawatts/hora) de energía y 80 mil nuevos empleos. Con ello, se abatirían 30% las emisiones del sector eléctrico en su conjunto, aportación esencial a los compromisos de México en materia de cambio climático.
Obsérvese que esto no significa ninguna desventaja competitiva, en la medida en que nuestros principales socios comerciales ya han asumido compromisos comparables (Estados Unidos, China, Unión Europea). Incluso, el costo de este escenario en los términos de la Ley de Transición Energética resultaría menos costoso para el sistema eléctrico que un escenario sólo con gas natural. Llama la atención que desvaríos interesados pugnen por que se considere al gas natural como Energía Limpia, algo que nos convertiría en el hazme-reír del mundo. El gas natural emite 0.5 Ton del CO2 por MWH (y mucho más, sumando fugas de metano), algo imposible de escamotear. En fin, todo ahora está en manos del Senado: ¿intereses particulares o el interés nacional?